Así lo cree Carlos Fornes, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV). Abogado especializado en Derecho Sanitario, augura la llegada masiva de demandas judiciales por la gestión de las administraciones por parte de profesionales y ciudadanos debido a la falta de previsión en cuanto a la situación que se avecinaba y la carencia de medios.

¿El derecho sanitario está preparado para este tipo de situaciones?

– Estamos abordándolo en los tribunales y es muy triste. Se están exigiendo medidas que debían adoptarse como prevención para todos los profesionales, porque están trabajando en una situación lamentable. Ya se están exigiendo medidas en los tribunales tanto en Madrid como en Valencia. Somos el segundo país con más profesionales contagiados, no tenemos los medios técnicos ni se saben cuándo van a llegar.

Hay hospitales que están con bolsas de plástico y de basura haciendo de batas. Estamos en el siglo XXI, es demencial. Es verdad que estamos en una situación de hecatombe no previsible, pero ha quedado en evidencia que no estamos preparados para una situación de envergadura. Si caen nuestros profesionales estamos totalmente vendidos. Mientras no protejamos a los profesionales vamos muy mal.

– Los profesionales sanitarios se han quejado de la falta de material de protección, ¿cree que la administración puede tener alguna responsabilidad civil o penal?

– Sin duda. Son cuestiones de primer orden que nuestros profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares no tengan esos medios para poder atender y es algo que viene de 15 días. Claro que la administración tiene responsabilidad. Primero por falta de previsión. Pueden tener responsabilidades penales -y ya se ha puesto una querella contra el presidente del Gobierno de España y los delegados- por posible prevaricación y delito de lesiones por imprudencia. Porque los pacientes no están siendo atendidos, no se está haciendo un seguimiento de la pandemia como debe de hacerse, porque los números que dan no son representativos de lo que realmente ocurre.

-Justo la pasada semana salieron sentencias en un juzgado de Madrid y en juzgados de la Comunitat Valenciana instando a ofrecer esa protección.

– Ahí se han dado dos situaciones. El Tribunal Supremo lo ha denegado a nivel nacional, pero el juzgado de lo social de Madrid y de Valencia sí ha exigido a las autonomías que en 24 horas adopte las medidas y no se va a cumplir, y esto acarrearía una responsabilidad porque son medidas cautelarísimas.

Estamos hablando de la salud y está muriendo mucha gente. No están siendo atendidos pero no por los profesionales, que están haciendo una labor que habrá que ensalzar cuando pase todo. Con esas medidas, la administración tiene una responsabilidad clara y evidente que puede ser desde el punto de vista administrativo e incluso penal.

– ¿Se espera un aluvión de demandas por parte de los profesionales?

(…)

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